UN LABORATORIO CONTRA LA EXCLUSIóN EN EL DESIERTO MáS SECO DEL MUNDO
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Hay un trozo de Chile en donde confluyen tres crisis: la habitacional, la migratoria y la medioambiental. Se trata de La Chimba, uno de los núcleos de pobreza más emblemáticos de la ciudad minera Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de Santiago, donde viven más de 7.000 personas. Los paños de barriadas informales se han expandido hasta casi morder la entrada de la Reserva Nacional La Chimba, un territorio desértico famoso por su biodiversidad y sus quebradas en los faldeos de la cordillera de la Costa. Ambos escenarios —las chabolas y el área protegida— viven bajo amenaza por las constantes quemas ilegales producidas a pocos metros, en el que fue el vertedero municipal durante seis décadas. En medio de este complejo panorama, se ha levantado una suerte de laboratorio contra la precariedad: los barrios transitorios.
Silvia Bravo, de 71 años, es de la capital. Dos décadas atrás decidió abandonar la casa de sus hijos y mudarse a Antofagasta en busca del buen clima. “Nunca se me pasó por la cabeza arrendar”, confiesa bajo el techo de su negocio ubicado a la entrada de La Chimba, donde se refugia del sol inclemente y las fuertes rachas de viento que levantan el polvo que lo cubre todo: desde el pelaje de los perros abandonados hasta los coches. Primero se fue a un asentamiento donde, con lo que ganaba manipulando alimentos en un colegio, se construyó “un tremendo chalé” en un terreno privado ubicado en una zona de riesgo, bajo las torres de alta tensión, en deslizamientos de terreno. Las ocupaciones irregulares e ilegales en la región antofagastina alcanzan las 9.285, la tasa más alta del país sudamericano, según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales.
A finales de 2018, Bravo se enfermó y le recomendaron mudarse al Luz Divina VII, un barrio de transición pensado para que la gente abandone los asentamientos y viva de manera más segura hasta que el Estado le entregue su casa definitiva en cinco años. Ahí viven unas 800 personas; 144 familias, el 90% de ellas inmigrantes (principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos). A todos los inquilinos se les exige documentación regularizada y la firma de un comodato, un contrato bilateral en el que una de las partes proporciona a otra el uso temporal de un producto, en este caso, una casa.
Este barrio transitorio, uno de los tres que existen en La Chimba, es gestionado por la organización Campamento de Ideas y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Son viviendas con dos habitaciones, que inicialmente fueron entregadas sin baño, en una planta de 3x6 metros y con un patio trasero de siete metros. Cuentan con un reglamento de convivencia rígido, ya que uno de los objetivos es preparar a las familias que vienen de distintas realidades socioculturales a respetar a sus vecinos. “Pasaba mucho que cuando salían de un campamento directo a las soluciones habitacionales había mucho conflicto por ruidos, fiestas, basura…”, señala la administradora de Luz Divina VII, Marisel Reyes.
Uno de los elementos que hacen atractivo pasar de “un chalé” a una vivienda pequeña es que no existen riesgos de desalojamiento, como ocurre en los asentamientos. Aún así, son varios los casos como los de Alejandrania Guerrero, de 60 años, y su marido Jorge Rodríguez, de 57, que viven de manera ilegal en La Chimba y no pretenden moverse de ahí. En 10 años, se han construido una casa con terraza donde están sus habitaciones, otra para el salón, cocina y comedor y un taller mecánico y han plantado hasta árboles que ya superan las techumbres. “A mí me hace daño irme a un barrio transitorio. Perdería mi taller”, sostiene Rodríguez, quien es soldador.
La región de Antofagasta aumentó el último año un 75% las familias que viven en asentamientos o campamentos, como los llaman en Chile, duplicando el incremento nacional. En solo un año, pasaron de 7.300 a 12.800, según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la organización TECHO Chile. A nivel país, casi 114.000 hogares —un tercio de ellos migrantes— habitan sitios con alcantarillado deficitario y acceso informal a agua potable y electricidad, cuatro veces más que en 2011.
El presidente Gabriel Boric informó en su Cuenta Pública realizada esta semana ante el Congreso de los avances del Plan de Emergencia Habitacional para entregar 260.000 viviendas durante su mandato. Ya se han entregado 60.222 y otras 131.077 se encuentran en construcción, según el mandatario, quien anunció que Antofagasta será incorporada en 2025 en el Plan Ciudades Justas, una política para la gestión del suelo público y desarrollar conjuntos urbano-habitacionales.
La Chimba cuenta con un consultorio de salud donde atienden a un máximo de 10 personas diarias y un sistema de transporte público escaso que finaliza su ruta a las 19.00 horas. “El acceso a la salud es casi imposible y los niños que van al colegio al centro de Antofagasta tardan dos horas en llegar”, reclama Reyes, la administradora del barrio. “Nuestro acceso al agua es a través de los camiones aljibes, que puede ser robada. Llega amarilla o café… no es consumible. La población solo la ocupa para bañarse y tiene que comprar bidones de 20 litros para consumir o para cocinar. Una familia de cuatro ocupa cuatro al mes (60 dólares), pero aquí tenemos grupos de ocho”, explica Reyes.
Tras una larga negociación, alcanzaron un convenio con Aguas Antofagasta y a partir de la próxima semana las viviendas tendrán acceso a agua potable. La entrada a corrientes eléctricas funciona con normalidad gracias al Gobierno regional, pero en la noche no cuentan con luminaria.
“Antes, el tema de la basura era un asco”, sostiene Bravo, apuntando a la entrada del barrio, donde los vecinos depositaban sus desechos formando una torre de porquerías. “Era un mosquerío con ratones… Ahora estamos súper bien. Vamos a tener agua también”, agrega ilusionada. “Era un microbasural de toda la ciudad delante de nosotros. Eso duró hasta hace unos cuatro meses atrás, que lo logramos erradicar gracias a un trabajo en unión con todas las dirigentes de los otros campamentos”, apunta Reyes. La empresa de servicios socioambientales Agges donó recientemente la infraestructura de un punto limpio al barrio transitorio y parte de la comunidad pintó la fachada de lo que hoy llaman “la casa de la basura”.
El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, explica por escrito a El PAÍS que el municipio no está facultado por ley para el retiro de basura domiciliaria en los asentamientos temporales. “Sin embargo, como municipio nos hacemos cargo del retiro de los desechos que generan estos campamentos mediante una caja de camión ampli-roll”, afirma.
La basura de los vecinos del barrio está resuelta, pero hay un problema mucho mayor a la vuelta de la esquina: el que fue el vertedero municipal durante seis décadas. “El olor de las quemas que llega desde ahí es terrible, aire contaminado”, describe Bravo. Hace tres años, lo cerraron y enterraron todos los desechos pero, al no estar cercado, se han vuelto a acumular escombros, ropa, botellas y un sinfín de objetos que emanan un olor ácido que perfora las fosas nasales. Las quemas no han cesado, algunas de ellas provocadas para sustraer el material ferroso de los desechos y luego comercializarlos.
Por orden de la Corte Suprema, Velásquez tuvo que elaborar un Plan de Cierre del exvertedero La Chimba definitivo, el cual presentó la semana pasada ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Cuenta con tres etapas: la construcción de un muro, seguridad con servicio de vigilancia y control de vectores y emanaciones. “Esto último consiste en la mantención de la limpieza y redisposición de residuos que hay al interior”, apunta el alcalde. El municipio tiene hasta el 6 de junio para licitar los guardias de seguridad y el cierre perimetral.
Ernesto Espinoza, director de Campamento de Ideas, plantea en un recorrido por Luz Divina VII que “el abandono del Estado implica que muchos vecinos digan que la quema de basura no es su tema principal preocupación, sino las temáticas diarias que les pegan más fuerte, como la falta de seguridad, de luminaria o de servicios públicos”.
A pesar de todos los males que aquejan a La Chimba, hay vecinas como Bravo, del barrio transitorio, que no quieren que le pasen las llaves de su vivienda definitiva. Su amiga Julia González, de 66 años, está igual de a gusto: “¿Qué ganas de irnos nos va a dar? Aquí he encontrado la felicidad, tengo mis talleres, mi negocio…”, comenta, en alusión a los programas de emprendimiento y de alfabetización digital para mujeres, impartidos por voluntarios universitarios en el cibercafé comunitario. Ahí mismo ofrecen reforzamiento escolar personalizado y grupal.
“La idea es potenciar a las mujeres, que son mayoritariamente jefas de hogar, para que cuando se vayan a su vivienda definitiva también tengan herramientas para levantar su microemprendimiento”, apunta Reyes. Ese es el motor de Campamento de Ideas, que nació con la hipótesis de que la crisis de vivienda se estaba abordando desde la habitabilidad, pero poco desde las personas, y pusieron en marcha un plan para construir casas y capital social a la vez.
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